Narcotráfico y corrupción policial: procesaron con prisión preventiva a un comisario entrerriano

La Justicia Federal dictó una resolución clave en la causa que investiga el traslado de más de 1,3 toneladas de marihuana. El juez Federal Nº 1 de Paraná, Leandro Ríos, resolvió procesar con prisión preventiva al comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado Daniel Rosatelli, señalado como una de las piezas centrales de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y a maniobras de falsificación documental.

La medida judicial alcanzó a otros cuatro implicados: Martín Reynaldo Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Favieri y José Belén Favieri. Todos fueron derivados a la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial, sumado a la imposición de embargos millonarios sobre sus bienes que, en el caso de Rosatelli, superan los 12 millones de pesos.

La maniobra: una camioneta con papeles falsos para mover droga

De acuerdo con el expediente, la banda ejecutó un plan coordinado para adquirir de manera fraudulenta una furgoneta Citroën Jumper. El objetivo era dotar a la estructura criminal de un vehículo con documentación adulterada y patentes apócrifas, de modo tal que no pudiera vincularse con sus ocupantes ni rastrearse en los controles de ruta.

La pesquisa concluyó que, aunque Rosatelli no figuraba en los papeles de compraventa, era quien dirigía tras bambalinas la operación. Otros miembros de la banda se encargaban de reunirse con el dueño original y efectuar pagos parciales o cheques sin respaldo, mientras el funcionario policial utilizaba su cargo para saltarse trámites reglamentarios: logró que el rodado fuera verificado en dependencias policiales fuera de horario y sin turno previo, dejándolo registrado “sin novedades”.

Aprietes armados y denuncias trabadas

El engaño estalló cuando el propietario del vehículo advirtió que no le pagarían la totalidad de lo acordado y promovió acciones legales. Lejos de desentenderse, la reacción de Rosatelli fue inmediata: interceptó a punta de pistola a uno de los intermediarios en la operación para forzarlo bajo amenazas a que retiraran la acusación por estafa, buscando a toda costa evitar que la camioneta tuviera pedido de captura antes del viaje.

La investigación sacó a la luz la complicidad institucional en el plano local. Cuando la víctima intentó denunciar lo sucedido en la Comisaría Segunda de Paraná, los efectivos de guardia le informaron que tenían “órdenes de la superioridad” de no tomar ningún trámite que mencionara al comisario. Idéntico rechazo encontró en la sede fiscal provincial, situación que forzó al damnificado a acudir a la Policía Federal Argentina (PFA), organismo que finalmente dio curso a la investigación federal.

Incompatibilidad patrimonial bajo la lupa

El fallo de 141 fojas también puso el foco en las finanzas de Rosatelli. Con ingresos registrados como empleado de la Policía de Entre Ríos desde 2006 y una actividad formal como monotributista del rubro jurídico, el funcionario ostenta una titularidad patrimonial que incluye ocho propiedades inmuebles y vehículos de alta gama, activos que el magistrado calificó de «desproporcionados» respecto a sus ingresos declarados.

Con el auto de procesamiento formalizado y los imputados bajo custodia penitenciaria, el fuero federal avanza ahora en la trazabilidad patrimonial y la ruta de provisión del cargamento de estupefacientes secuestrado.